COGIDOS POR LAS PELOTAS

Saludos, ciudadanos.

Cuando uno decide ejercer su derecho al voto (recordemos que es eso, un derecho y no una obligación), lo que hace simplemente es depositar su confianza en un determinado grupo de gente supuestamente organizada -un partido- y delegarle la función de gestionar los recursos con los que cuenta una determinada demarcación geopolítica con el fin de conseguir mejorar lo ya existente y solucionar las carencias que determinada región pudiese tener, ya sea un pequeño pueblo o un país entero. Lo que se llama un traspaso de poderes, nunca mejor dicho.

Ah, pero aquí hay algo que falla. Esos "encargados" (porque son eso, gente que ha recibido un encargo por nuestra parte) en cuanto cogen esos poderes ya no los sueltan. Es más; en algún momento mientras tuvieron ese poder que nosotros les otorgamos, cambiaron las reglas del juego para que nunca pudiesen retornar esos poderes a los ciudadanos. Como mucho, cambiaría de manos a otro partido, pero nunca, NUNCA sería devuelto a sus verdaderos propietarios.

Así, el término democracia (poder para el pueblo) queda totalmente devaluado. Decía Eric Hobsbawm que "En general (a la democracia) se la usa para justificar las estructuras existentes de clase y poder: Ustedes son el pueblo y su soberanía consiste en tener elecciones cada cuatro o seis años. Y eso significa que nosotros, el gobierno, somos legítimos aún para los que no nos votaron. Hasta la próxima elección no es mucho lo que pueden hacer por sí mismos".

Soy firme defensor de la democracia como forma de gobierno, pero he de confesar que si uno analiza la política que le rodea, llega a la conclusión de que esto, sencillamente, no es una democracia por mucho que así quieran vendérnosla. De hecho, si alzamos un poco la vista y miramos a nuestros gobernantes, podremos darnos cuenta que ni siquiera son ellos los que gobiernan. Ni siquiera son ellos los que mandan.

Los gobiernos democráticos están cogidos por las pelotas. Literalmente.

Cuando unas pocas empresas son las que deciden el precio de la energía, mal vamos.

Cuando unas pocas empresas deciden el precio de las telecomunicaciones, mal vamos.

Cuando un puñado de controladores aéreos son capaces de paralizar un país, mal vamos.

Cuando empresas privadas como la SGAE cobran y gestionan impuestos públicos, mal vamos.

Cuando los sindicatos viven de subvenciones estatales y son parte del lobby, mal vamos.

Cuando los bancos se apropian del dinero público para luego no dar créditos, mal vamos.

Cuando los fabricantes de automóviles exigen dinero para no llevarse sus fábricas, mal vamos.

Cuando financieras privadas son las que puntúan el ráting económico de un país, mal vamos.

Cuando los partidos políticos se financian con empresas privadas, mal vamos.

Todo lo anterior provoca que alrededor del poder estatal se forme un holding empresarial o fáctico que, tras financiar partidos y medios de comunicación, obligue a realizar un clientelismo político, la mayoría de las veces mediante una legislación favoritista.

En realidad, como ya sospechábamos, aquí los que mandan son los que tienen la riqueza y eso también tiene nombre definido: Plutocracia.

Estamos urgentemente necesitados de gobernantes capaces de librarse de las cientos de ataduras que les condicionan. Gobernantes que sean capaces de dedicarse al conjunto de la ciudadanía antes que al conjunto del entramado económico. Gobernantes que establezcan prioridades y determinen que los más desfavorecidos merecen su atención en primer lugar. Políticos que estén convencidos de que un alto índice de desempleo es infinitamente más preocupante que una bajada del IBEX 35. Y que sepan actuar frente a todo ello con aplomo, rotundidad y sin miedos.

Tampoco estaría mal potenciar las herramientas que proporciona la democracia: el plebiscito (el pueblo elige «sí o no» sobre una propuesta) el referéndum (el pueblo concede o no concede la aprobación final de una norma, constitución, ley o tratado), la Iniciativa popular (un grupo de ciudadanos puede proponer la sanción o derogación de una ley) y sobre todo, aceptar la llamada Destitución popular, revocación de mandato o recall, por la cual los ciudadanos pueden destituir a un representante electo antes de finalizado su período.

Sólo en ese caso podríamos empezar a considerar que vivimos en democracia. Hasta entonces, bienvenidos a esta plutocracia encubierta y feroz.