Saludos, ciudadanos.
Este artículo es una reflexión sobre el presente tomando el pasado
como guía de a dónde debiéramos ir. Después de todo, los valores
republicanos son la máxima expresión de los valores democráticos
que tendríamos que sostener en un sistema político, en el cual cada
ciudadano tuviera la misma capacidad decisoria en la gobernanza del
país, sin cortapisas o leyes electorales que den más peso a unos que
a otros, como está ocurriendo en España. La Transición inmodélica de
la dictadura a la democracia produjo una cultura escasamente
democrática y un proceso electoral que estaba diseñado –como han
reconocido algunos de sus diseñadores– para debilitar a amplios
sectores de las izquierdas. Ello ha determinado que, aun cuando las
encuestas muestran que la mayoría de la población española está en
el centro-izquierda e izquierda, las políticas de izquierda (a pesar de
grandes avances) no han dominado la mayoría del comportamiento
legislativo durante el proceso democrático. El sustancial retraso del
Estado del bienestar español (con el gasto público social per cápita
más bajo de la UE-15), 30 años después de la democracia, es un
indicador de ello.
Nuestro sistema electoral es poco representativo y se nota. Y esta
escasa representatividad en las Cortes españolas (que se reproduce
en los parlamentos autonómicos) va acompañada de unos partidos, la
mayoría de los cuales están enormemente influenciados por los
mayores medios de información y por grupos de presión, entre los
cuales, el capital financiero es esencial. Así, hemos visto cómo se ha
desarrollado casi un consenso en los establishments políticos y
mediáticos del país sobre la necesidad de retrasar la edad de
jubilación de 65 a 67 años, propuesta legislativa del Gobierno que fue
aprobada casi por unanimidad en las Cortes españolas. Este casi
consenso contrasta con la enorme impopularidad de tal medida entre
la ciudadanía, la gran mayoría de la cual se opone. Según la
Constitución española, el poder del Estado deriva de la voluntad
popular. Pero, si comparamos qué es lo que la ciudadanía desea por
un lado y lo que las distintas ramas del Estado (y, muy en especial, la
rama legislativa y ejecutiva del Estado) aprueban por el otro, el
contraste es significativo.
Otro ejemplo de ello son las medidas que el Estado ha tomado para
salir de la crisis (desde la congelación de las pensiones a los recortes
radicales que se están aplicando a los ya subfinanciados servicios del
Estado del bienestar). Las cotas de impopularidad de estas medidas
son muy altas, lo cual no es obstáculo para que se realicen,
promovidas por la mayoría de los medios de mayor difusión. Tales
medios editorializan y repiten machaconamente que no hay otras
medidas posibles en respuesta a factores “externos”, en este caso,
los mercados financieros. Acentúan con gran intensidad lo de
“externos” a fin de diluir las responsabilidades internas. Pero lo
externo es una mera excusa para realizar lo que los establishments
financiero, empresarial, político y mediático han deseado siempre:
debilitar al mundo del trabajo para optimizar los intereses del capital.
Es lo que solía llamarse “lucha de clases”.
Naturalmente que las clases sociales van variando y su conflicto se
expresa de muchas formas. Pero hoy este conflicto es de la gran
mayoría de la población (clase trabajadora y la mayoría de las clases
medias) frente a una enorme concentración de poder financiero y
económico español que, en alianza con sus aliados extranjeros, está
imponiéndose a la mayoría de la ciudadanía. Por ejemplo, para
reducir el déficit, en lugar de congelar las pensiones y recortar los
gastos en sanidad, educación, servicios domiciliarios y otros, se
podrían haber conseguido 35.000 millones de euros mediante las
cargas impositivas de los sectores más privilegiados (sin afectar a la
mayoría de la población), tal como han sugerido los inspectores de
Hacienda del propio Ministerio de Economía. Es más, mediante la
corrección del enorme fraude fiscal –que beneficia primordialmente a
la banca, a las grandes empresas y a las rentas superiores
(eliminando, por ejemplo, los paraísos fiscales), así como revirtiendo
las reducciones fiscales regresivas llevadas a cabo en los últimos 15
años– podrían obtenerse 80.000 millones de euros más.
No es, pues, lo “externo”, sino lo “interno” lo que está obstaculizando
la expresión del proceso democrático. Y la ciudadanía es consciente
de ello. Encuesta tras encuesta muestra el desapego de la ciudadanía
hacia la clase política y hacia los gobernantes. Nuestra democracia
está seriamente amenazada. De ahí la urgencia de movilizaciones
para continuar la lucha iniciada por las generaciones anteriores en
defensa de la democracia. Nuestros padres lucharon para defender la
democracia y fueron brutalmente reprimidos como consecuencia de
su derrota. Mi generación luchó en los difíciles años cincuenta,
sesenta, y más tarde en los setenta, oponiéndose a la dictadura. Fue
esta lucha y otras las que fueron responsables del fin de la dictadura.
No hay que olvidar nunca que, aun cuando Franco murió en la cama,
la dictadura murió en la calle.
Y es ahora cuando hay que luchar para recuperar la democracia que
está siendo secuestrada, en la que el Estado está tomando posturas
sistemáticamente en contra de la mayoría de la población y en contra
de su deseo. Esto es indignante y requiere movilizaciones populares
basadas en los valores republicanos que exijan al Estado que
responda a la sociedad y no, como está ocurriendo ahora, que se
imponga a ella.
Salud y república, amigos
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